La reducción de jornada por guarda legal es un derecho fundamental que protege la conciliación de la vida laboral y familiar, relevante para quienes tienen responsabilidades de cuidado directo. Este derecho está regulado tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en los convenios colectivos. En este artículo, exploraremos los aspectos clave de este derecho, los plazos y procedimientos para su solicitud, así como las implicaciones de la falta de respuesta por parte de la empresa.
El Estatuto de los Trabajadores, específicamente en su artículo 37, otorga a las personas trabajadoras el derecho a reducir su jornada laboral entre un octavo y la mitad de su duración para el cuidado de hijos menores de doce años, personas con discapacidad que no desempeñen una actividad retribuida, y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos. Este derecho se extiende también para el cuidado de menores afectados por enfermedades graves durante su hospitalización y tratamiento continuado. Además, la concreción horaria y la determinación del período de disfrute de esta reducción corresponden a la persona trabajadora, quien debe preavisar a su empresa con una antelación mínima de 15 días. Es importante estudiar cómo plantear estas solicitudes correctamente para que lleguen a buen puerto.
Según el artículo 34.8 del Estatuto, cuando se solicita también la adaptación de jornada, la empresa tiene un plazo máximo de 15 días naturales para responder. Si no hay respuesta en este periodo, se presume que la solicitud ha sido concedida. Este mecanismo protege los derechos de la persona trabajadora y fomenta una rápida resolución de sus solicitudes.
En caso de discrepancia o negativa por parte de la empresa, la persona trabajadora tiene el derecho de recurrir a la jurisdicción social. El plazo para presentar una demanda es de 20 días hábiles desde la negativa o la falta de respuesta de la empresa. Este procedimiento judicial es prioritario y se resuelve en un corto periodo de tiempo, garantizando que los derechos de la persona trabajadora sean respetados y protegidos de manera efectiva.
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